La
huelga del 29
de marzo 2012 está legalmente convocada por CCOO y UGT y
no requiere de ninguna otra formalidad en las empresas. El ejercicio
del derecho de huelga es
un derecho fundamental reconocido en la
Constitución y no depende de la voluntad del empresario.
El ejercicio
individual del derecho de huelga no tiene que manifestarse con
antelación al día de la huelga. Simplemente la empresa constatará que
ese día no se ha asistido al trabajo y sin que sea necesaria ninguna
comunicación escrita o verbal.
El
día 29 de marzo, todas y todos los miembros de la Sección Sindical de
CCOO en el Grupo Vips no
utilizaremos las horas sindicales, ya que
somos conscientes de que no podemos pedir a nuestros compañeros y
compañeras que ejerzan su derecho a hacer huelga, cuando nosotros y
nosotras estámos protegidos salarialmente bajo el crédito horario.
1º DE MAYO: TRABAJO, DIGNIDAD Y DERECHOS
Cuando
todavía no se ha apagado el eco de las manifestaciones del pasado
domingo 29 de abril, en el que centenares de miles de personas se
echaron a la calle para dejar claro que con la educación y la sanidad
no se juega, CCOO y UGT han dado una nueva demostración de fuerza el
Primero de Mayo. Creyeron que la lluvia caída en algunas ciudades iba a
afectar a las manifestaciones del 1 de mayo; que las amenazas contra
los derechos democráticos metería el miedo en el cuerpo a la
ciudadanía; pero nada ha impedido que cerca de un millón de personas
llenaran las calles de 80 ciudades de España rechazando los recortes
sociales y el asalto a los derechos democráticos, a la vez que
ofreciendo otra política para salir de la crisis.
EL 29 DE ABRIL SALIMOS A LA CALLE PARA DECIR NO A LOS RECORTES SOCIALES
Amplio
rechazo social a los recortes en sanidad y educación. Las calles de 55
ciudades del país se han convertido este domingo en una amplia
respuesta social contra los recortes decretados por el Gobierno en
educación y sanidad. Cientos de miles de personas han participado en
las manifestaciones convocadas por CCOO, UGT y la Plataforma en Defensa
del Estado de Bienestar y los Servicios Públicos para expresar su
rechazo a unas medidas que reducen la cobertura y calidad de los
servicios públicos básicos y que suponen un brutal ataque al modelo de
estado social que consagra la Constitución.